Acostumbrados, lamentablemente, a leer casi cada día el mismo titular sobre cómo sigue subiendo el coste de la luz en España, toca analizar si este 2021 el precio de la factura eléctrica de un hogar medio quedará como el de 2018, otro año históricamente muy caro, pero no tanto.
Para frenar el impacto de esta escalada del precio de la electricidad, el Consejo de Ministros de España aprobó una batería de medidas para su entrada inmediata en vigor, de modo que sus efectos se pudieran percibir lo antes posible.
Medidas aprobadas sobre la factura eléctrica
- Reducción del Impuesto Especial de la Electricidad (IEE), que se aplica antes de la base imponible, al 0,5% (mínimo establecido por normativa europea).
- Suspensión del Impuesto sobre el Valor de Producción de Energía Eléctrica, que gravaba la actividad de generación eléctrica con un 7%, hasta final de año.
- Inyección extra hasta los 900 millones de euros en la aportación para la recaudación de las subastas de CO2, principal causante del elevado precio de la electricidad como hemos analizado en anteriores artículos, destinada a cubrir costes del sistema eléctrico hasta los 2.000 millones.
- Minoración temporal de los ingresos extraordinarios que han percibido tecnologías no relacionadas con el gas natural provocado por su elevada cotización.
- Creación de un nuevo mecanismo para fomentar la contratación de electricidad a largo plazo.
- Modificación de la Ley de Aguas, con el objetivo de controlar el ritmo de desembalsado y los volúmenes mínimos de reserva.
A estas medidas hay que sumarle la reducción del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) del 21% al 10%, aprobada en Junio, hasta finales de año.
Impacto aproximado en una factura media
Entradas en vigor, según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) supondrán una reducción de entre 24,8 y 28,05 € en la factura eléctrica de un hogar medio, de 4,6 kW de potencia contratada y 3.500 kWh de consumo. Esto equivale, en porcentaje, a una reducción de entre el 28% y el 33% si los precios de la electricidad en el mercado mayorista se mantienen en valores similares a los registrados entre Junio y Septiembre, cerca de los 100 €/MWh.
Tabla 1. Ahorro aproximado y evolución de la factura. Fuente: OCU.
La batería de medidas aprobadas pretende ser una solución temporal a un problema que tiene perspectivas de continuar a medio plazo. Por tanto, si los precios del gas continúan subiendo, algo lógico considerando que aumentará la demanda energética en Europa por las bajadas de temperatura, y los de los derechos de emisión de CO2 también, probablemente estas medidas queden cortas.
Hay que ser conscientes de que esto es un problema a nivel europeo, pero que cada país tiene herramientas para hacerle frente o, al menos, intentarlo. Por tanto, cada nación puede tomar medidas adecuadas a su propio mercado para atenuar su impacto. Reducir y adaptar el consumo energético son aliados del autoconsumo solar, ahora mismo más que nunca. Pero si esto no es suficiente, ¿existen otras medidas a considerar a medio plazo?
1. ¿Y si la bajada de impuestos fuera mayor?
En la actualidad, el impuesto eléctrico, que ha bajado al 0,5%, está casi exento en ciertas industrias con el objetivo de mantener la competitividad de las empresas industriales con un alto consumo eléctrico. Sin embargo, la coyuntura actual obliga a revisar si este impuesto es prescindible a medio o largo plazo, puesto que grava tanto la potencia como el consumo de una factura antes de la base imponible y, aunque se haya reducido al mínimo según normativa, su impacto es aún considerable en empresas de tamaño medio-grande que lo pagan.
Otra de las opciones que se pueden analizar es una rebaja fiscal a partir de sacar peajes fuera de la factura e introducirlos en los Presupuestos del Estado, que a su vez pueden ser costeados por la recaudación que el Gobierno está recibiendo por los elevados precios de los derechos de emisión de CO2.
2. ¿Se puede modificar la tarifa regulada?
El PVPC (Precio Voluntario al Pequeño Consumidor) es, a pesar de las variaciones del mercado, la tarifa más económica para consumidores que se pueden acoger, con un precio de hasta un 20% menos de media que los contratos fijos con comercializadoras libres.
Aun así, podría existir la posibilidad de cambiar el diseño del PVPC, actualmente indexado al precio del mercado mayorista OMIE que, como consecuencia, sufre su volatilidad y se repercute, directamente, a consumidores de menos de 10 kW, residenciales.
Una opción estudiada es cambiar su indexación a indicadores estables para reducir su exposición a la volatilidad de los precios del mercado mayorista. Incluso algunas eléctricas de referencia, las que ofrecen el PVPC, han propuesto eliminar la tarifa como tal y buscar otra vía de suministro que proteja al consumidor, tal vez con contratos PPA o bilaterales especiales.
3. ¿Sigue siendo el mercado marginalista buena opción?
Aunque en épocas de abundantes recursos naturales el mercado se ha encargado de otorgar a las renovables el poder de reducir considerablemente el precio de la electricidad, se ha generado el debate de si el actual modelo de mercado de fijación de precios, en el que todos los generadores que han conseguido vender su energía reciben un mismo precio, es adecuado. La última tecnología que haya entrado, la más cara, fija el precio.
En el sistema actual, con menos tecnologías convencionales y más renovables, mantiene a las primeras como las prioritarias por su garantía de suministro y no da beneficio a la energía limpia complementaria (cuando no hay sol, puede haber viento y viceversa).
4. ¿Beneficios caídos del cielo?
Las centrales nucleares y las hidroeléctricas se favorecen con lo que se conoce como "beneficios caídos del cielo" o "dividendos del CO2", dado que su aporte al mix energético es gestionable (en cierta medida de las nucleares), y se benefician de los altos precios del ciclo combinado.
Tabla 2. Evolución de los impuestos a las nucleares. Fuente: Energía y Sociedad.
Según datos del Foro Nuclear de España, los costes actuales de la generación nuclear se estiman en torno a 57 € por MWh de electricidad generado. La principal diferencia entre estos niveles de coste radica en la enorme carga impositiva que soportan las centrales nucleares en España, y que supone alrededor de 23 €/MWh. Por tanto, con precios de mercado de 80 €/MWh, son tecnologías rentables.
La comparativa con el modelo de Francia ha sido también muy común. Nuestro vecino tiene un 60% de su producción nuclear contratada con el estado a un precio concreto que protege a los usuarios residenciales y que asegura la rentabilidad de las centrales.
5. ¿Qué pasará con los derechos de CO2?
Con el precio del CO2 en niveles históricos que superan los 55 €/Tn y que siguen empujando al alto precio eléctrico, el principal beneficiario es la Hacienda Pública.
En 2020 se recaudó la cifra de 1.700 millones de euros, y la tonelada se movía en la horquilla de 20 a 30 euros. Por tanto, se puede prever que en 2021 los ingresos en las arcas públicas serán mucho mayores. De ahí la reflexión de si no se puede devolver a los consumidores parte de lo que han pagado de más por una electricidad que internaliza ese coste del CO2.
Sin temor a equivocarnos, podemos sospechar de que existe, en el mercado de los derechos de emisión de CO2, una especulación financiera. La Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA), de hecho, está estudiando una denuncia de abuso de mercado en el esquema europeo de comercio de emisiones que vincula el aumento en los precios del CO2 de este año con la manipulación de inversores financieros.
6. ¿Y si se compra la electricidad a largo plazo?
La firma de PPA’s renovables o contratos bilaterales con tecnologías limpias puedes ser también una garantía de tarifa económica. Sin embargo, aún no se dispone en España de la suficiente capacidad como para poder realizar este tipo de contratos para la cantidad de consumidores a nivel residencial que existe y, evidentemente, sería una medida discriminatoria en caso de poder facilitarse a unos sí y a otros no.
Aún así, facilitar con incentivos y o beneficios en otro tipo de impuestos a consumidores que quieran asegurarse un contrato a largo plazo con energía renovable podría trasladarse en una reducción de otros impuestos como, por ejemplo, el actual al CO2 de los vehículos.
Si las medidas aprobadas para la actualidad del sector son o no suficientes, lo veremos con el tiempo. El mismo que determinará si el mercado necesita una reforma estructural o no.
