Marzo y abril son dos meses en los que el ya candente tema del CO2 cobra mayor protagonismo. De hecho, antes del mes de marzo, todos los que están obligados a cancelar las emisiones de CO2 (los llamados "sujetos obligados") deben certificar sus emisiones del año anterior por organismos certificadores autorizados para hacer oficial la cuota de emisiones que deben cancelar. Abril es también el mes en el que las cuotas de CO2 equivalentes a las emisiones anuales de 2020 deben ser compradas y canceladas en el registro RCDE. Por lo tanto, sólo faltan unos días para que se cumpla el plazo, pero entre los desarrollos normativos previstos y los niveles récord de los precios, la cuestión del CO2 podría seguir especialmente candente durante mucho tiempo.
¿Por qué 2021 es un año especial para el CO2?
En primer lugar, por el nivel de precios alcanzado por las existencias de CO2. Por primera vez en la historia, el 22 de abril, el precio del CO2 (EUA Dec-21) superó los 47 euros/tonelada, probablemente impulsado en gran medida por las compras de última hora para la cancelación de abril y las coberturas realizadas con vistas al cumplimiento de 2022.
La fase 4 del RCDE, que comenzó en enero, ha cambiado el juego por varias razones. Una de ellas es la asignación de derechos de emisión gratuitos a las entidades obligadas elegibles. Los derechos de emisión gratuitos no sólo serán menores a partir de 2021 que en años anteriores, sino que su asignación, prevista inicialmente para febrero, se ha retrasado hasta el segundo trimestre, probablemente junio. Mientras que en años anteriores las entidades obligadas utilizaban los derechos gratuitos recibidos en febrero para la cancelación de abril, este año esta posibilidad queda excluida: no tanto por el retraso en la asignación de los derechos gratuitos de 2021, sino porque los derechos gratuitos de este año serán etiquetados como de la Fase 4, mientras que la cancelación de abril afecta a los derechos de la Fase 3 (aunque hubieran sido asignados en febrero, no habrían sido utilizables para la cancelación de abril).
Otra peculiaridad de 2021 es que el mecanismo de reducción de bonos pendientes, el Market Stability Reserve (MSR), tendrá que restar este año una parte de los derechos calculados en base a las emisiones de 2020, año en el que, entre otros bloqueos, está claro que hubo una cierta escasez de emisiones por motivos contingentes (esperemos que no se repitan), especialmente por parte del sector de la aviación. De hecho, se estima que en 2020, las emisiones de todas las entidades obligadas en Europa fueron alrededor de un 13,3% menores que en 2019 (según lo publicado en la web de la Unión Europea Emissions trading: greenhouse gas emissions reduced by 13.3% in 2020 | Climate Action (europa.eu)). Esto significa que los derechos de emisión que se canjearán en el mercado podrían ser más de lo "normal", lo que reduciría aún más la oferta de bonos en circulación a partir de septiembre de 2021. Se espera que la notificación de los derechos de emisión sustraídos en virtud del mecanismo MSR se realice a principios de mayo de 2021.
Además, para este verano se espera que la Unión Europea introduzca cambios en el RCDE y el mecanismo MSR para adaptarlos a los nuevos objetivos de reducción fijados por el Green Deal (-55% de emisiones para 2030).
Otra de las novedades de este 2021 es el lanzamiento previsto para mediados de mayo del RCDE en el Reino Unido (de hecho, la primera subasta de bonos está prevista para el 19/5), dado que, tras el Brexit, el Reino Unido ha salido del RCDE europeo, pero aún no se ha definido por parte de la UE y el Reino Unido cómo se vincularán ambos sistemas RCDE para evitar el arbitraje o la existencia de "concesiones" sobre los costes de las emisiones en los dos mercados.
El CO2 de este año ha marcado a muchos
No todas las entidades obligadas a reducir sus emisiones tienen la vista puesta en el mercado, si tenemos en cuenta que, además de los productores de combustibles fósiles, entre las entidades obligadas se encuentran las siderúrgicas, las cementeras, las industrias del vidrio y el papel, así como el sector de la aviación. Es muy probable que varias empresas hayan presupuestado para 2020 un precio equivalente a casi la mitad del precio actual del mercado (recordemos que a finales de 2019 el CO2 cotizaba entre 24 y 26 €/tonelada mientras que hoy el precio está entre 45 y 47 €/tonelada) y que en la fase de compra hayan visto cómo los costes del CO2 casi se duplicaban respecto a los asumidos en el presupuesto.
Sin embargo, este aumento inesperado del precio para muchos podría favorecer la transición hacia tecnologías menos emisivas y la gestión "optimizada" de la oferta de cuotas de CO2, ya no con la lógica del presupuesto sino con la gestión de la cartera, un poco como lo que estamos acostumbrados a hacer hoy en día para la electricidad y el gas natural. De hecho, el CO2 puede comprarse tanto en el mercado al contado (en subastas primarias o mediante negociaciones bilaterales) como en el mercado de futuros, lo que permite una gestión más estructurada del riesgo de precios.
El objetivo de la UE, sin embargo, sigue siendo la transición hacia objetivos de emisión mucho más bajos que los actuales y los 45-47 euros/tonelada no parecen ser un nivel de precios lo suficientemente alto como para empujar a las partes obligadas a invertir en proyectos de reducción de emisiones. Por lo tanto, es posible que con el tiempo el precio alcanzado por las cuotas de CO2 supere ampliamente estos niveles.
